Durante los días 9 y 10 de noviembre de este año, se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES), el VI Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, el cual ha dedicado especial atención a aquellas situaciones en las que las víctimas de la violencia machista padecen una especial vulnerabilidad.
A lo largo del congreso se ha reclmado, entre otras cosas, la necesidad de ampliar la definición de violencia de género contenida en la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como la necesidad de no normalizar sistemáticamente los régimenes devisitas de las hijas e hijos de los maltratadores.
El Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud han presentado una campaña titulada “El amor no se mide”, de la cual es imagen la cantante Vanesa Martín.
La campaña tiene como finalidad sensibilizar a la juventud contra la violencia de género y enseñarles a identificar roles sexistas (especialmente a través de las redes sociales y de las TICs) que pueden llevar a una pareja a una situación de violencia contra la mujer.
Los tiempos están cambiando y por ello cada vez son más los casos de parejas que deciden convivir juntos y tener hijos sin casarse ni inscribirse en el registro de parejas de hechos de su comunidad autónoma.
Cuando los miembros de este tipo de parejas deciden poner fin a su relación sentimental lo que más les suele preocupar es regular la guardia y custodia, régimen de visitas y pensión de alimentos de los hijos comunes.
A partir de ahora los padres ya no tendrán que acudir al Registro Civil a inscribir los nacimientos de sus hijos ya que será el personal sanitoraio de los hospitales quien se encargará de hacer el trámite tras el nacimiento de los recién nacidos.
El personal sanitario tandrá la responsabilidad de identificar al bebé y de comprobar la filiación materna antes de remitir la documentación al Registro Civil.
Recientemente el Tribunal Supremo ha cambiado el criterio que se venía manteniendo hasta ahora y ha manifestado que resulta posible que en la sentencia penal en la que se condene a un maltratador por matar o intentar matar a su pareja o ex pareja, se le prive del ejercicio de la patria potestad de los hijos, sin necesidad de iniciar un procedimiento civil.
Hasta ahora cuando un hombre asesinaba a su pareja se convertía en el único tutor legal de los hijos comunes, resultando necesario que se iniciara con posterioridad, en su caso, un procedimiento de privación de la patria potestad de los menores que se quedaban huérfanos a consecuencia de un acto de violencia contra la mujer.
Las mujeres disminuidas que sufren actos de violencia de género por parte de sus parejas o ex parejas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y ello es así porque en ellas se conjuga el hecho de ser víctimas de malos tratos por el simple hecho de ser mujeres, con la circunstancia de que padecen una discapacidad física o psíquica que en ocasiones les impide reaccionar frente a las agresiones que sufren por parte del hombre con el que tienen o han mantenido una relación de afectividad así como manifestar la situación por la que atraviesan.
En ocasiones no se otorga veracidad al testimonio de las víctimas discapacitadas que sufren violencia machista porque existe la errónea creencia de que se inventan las cosas, de que son insensibles al dolor y de que ningún hombre puede estar interesado en una mujer discapacitada, lo que provoca que muchos casos no sean denunciados y el maltratador quede impune.
En diversos Juzgados de familia de Sevilla se remiten algunos asuntos al servicio de mediación intrajudicial, en el cual se ofrece a las partes la posibilidad de someterse a varias sesiones de mediación para que intenten llegar a un acuerdo que les permita resolver los conflictos que les llevaron a iniciar el procedimiento judicial.
El sometimiento de las partes al proceso de mediación es voluntario, por lo que pueden renunciar a participar en el mismo aunque el Juzgado les haya remitido al servicio de mediación intrajudicial.
El notable aumento de los casos de violencia de género a través de las nuevas tecnologías, también llamados casos de ciberdelincuencia de género, ha dado lugar a que la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma pionera, haya elaborado un protocolo de actuación para hacer frente a este tipo de delitos.
El protocolo contiene herramientas e indicaciones para que los trabajadores del Instituto Andaluz de la Mujer puedan atender adecuadamente a las víctimas de violencia sobre la mujer en aquellos casos en los que el maltrato tenga lugar a través de las nuevas tecnologías.
En el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla se han celebrado unas jornadas formativas sobre la trata de seres humanos.
En dichas jornadas ha sido posible escuchar una ponencia del fiscal coordinador de extranjería, así como diversas ponencias a cargo de psicólogas, abogadas y responsables de distintas entidades, expertas en la materia.
En las distintas ponencias se han expuesto las distintas formas de trata de personas así como la manera de hacer frente a dichas situaciones tanto desde el ámbito jurídico como policial y psicológico.
Entre los derechos con los que cuentan aquellas personas que deciden inscribirse como pareja de hecho en el correspondiente Registro, se encuentra el de percibir una pensión de viudedad en caso de fallecimiento del otro miembro de la pareja y siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la ley.
Para que el miembro superviviente de una pareja de hecho pueda ostentar el derecho al percibo de una pensión de viudedad la ley viene exigiendo que se cumplan los siguientes requisitos: cumplimiento de los requisitos de alta y cotización recogidos en la Ley General de la Seguridad Social; estar unido al causante en el momento de su fallecimiento como pareja de hecho y acreditar que los ingresos obtenidos el año natural anterior al fallecimiento no alcanzaban el 50% de la suma de los ingresos del fallecido y el superviviente o que los ingresos del sobreviviente sean inferiores a 1.5 veces el importe del salario mínimointerprofesional en el momento del fallecimiento.
